> Normativa DESC <
Instrumentos que consagran
Derechos Económicos, Sociales Y Culturales
en el proceso de integración del MERCOSUR

4. CONCLUSIONES.

Luego de haber relevado de manera selectiva las normas MERCOSUR que en forma explícita o implícita reconocen y garantizan el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de la región, cabe advertir que el proceso de integración en el que estamos inmersos denota importantes limitaciones a su vez que avances significativos que no podemos desconocer.

Con la intención de identificar en una apretada síntesis las principales debilidades que se advierten en el MERCOSUR, podemos señalar:
> La existencia de un proceso más declarativo que real en cuanto al logro de resultados concretos.
> La reincidencia de conflictos comerciales entre los Estados Partes que impiden la consolidación de una concepción integradora y una visión muy positiva del proceso.
> En muchos casos, la falta de realismo en la fijación de metas y el logro de objetivos trazados ha derivado en la necesidad de adecuación y revisión periódica del proceso de integración.
> La marcada debilidad institucional que dificulta el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Partes.

Pero aún partiendo de las dificultades que limitan el proceso de concreción y fortalecimiento de las estructuras subregionales de integración, especialmente en cuanto a su dimensión social, muchos son los factores que alientan a continuar por el camino de la construcción colectiva de un mercado común.

En primer término la integración subregional se presenta como una alternativa válida, o más bien como una respuesta inevitable, frente a las exigencias del contexto internacional que demanda la negociación de actores cada vez más fuertes y en muchos casos, el relacionamiento entre bloques poderosos de países o instituciones.

En segundo lugar, en el MERCOSUR se advierte una renovada voluntad política de fortalecer la dimensión social de la integración en tanto se ha constatado que el mero crecimiento económico que pudiera derivar de un mercado ampliado no genera mayor justicia social ni mejor calidad de vida a los habitantes de los Estados Partes.

En tercer término, el papel que han comenzado a jugar tanto los trabajadores como los empleadores y la sociedad civil en general en la profundización de los aspectos sociales de los procesos de integración subregional, parece alentar una visión más democrática del espacio comunitario.